La Memoria Nacional
El 28 de julio de 1995, la policía del Estado de Guerrero asesinó a 17 campesinos e hirió a muchos más en el vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez en la Costa Grande, los campesinos se dirigían a un mitin al municipio de Atoyac de Álvarez. Hasta la fecha no hay ningún detenido por el hecho.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Acteal, Chiapas, fueron cobardemente asesinados, mientras oraban, por estos crímenes fueron condenadas 18 personas que a la fecha gozan de libertad, mucho se comentó que el grupo que asesinó a los indígenas fue creado y armado por el ejército como parte de una estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo, para evitar que las organizaciones indígenas se sumaran al EZLN, a pesar de esto los autores intelectuales y materiales de la matanza gozan de total libertad.
Mención aparte merece el caso Tlataya, donde el 30 de junio de 2014 y según la CNDH militares ejecutaron a 15 de los 22 presuntos criminales hallados en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlataya, Estado de México, la versión que manejaron los gobiernos federal y estatal es que los presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con el ejército y de acuerdo con datos recabados por la CNDH es que los presuntos delincuentes una vez que se habían rendido, fueron ejecutados, aunque algunos militares fueron puestos a disposición de la justicia militar estos fueron absueltos y solo uno fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, es decir nadie ejecuto a nadie.
Una vez que tomaron autobuses en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la noche del 26 de septiembre del 2014, tomaron rumbo a la ciudad de México con la intención de participar en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre, sin embargo fueron interceptados por la policía, en medio de una balacera cinco jóvenes murieron otros resultaron heridos y 43 fueron subidos a vehículos oficiales y dese entonces se desconoce su paradero, a pesar de la verdad histórica que esgrimió el procurador Murillo Karam el gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo convencer a nadie de esa verdad y debido a la presión internacional Peña Nieto tuvo que pedir la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de este modo crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, estos expertos publicaron dos informes que contrastan con lo dicho por el procurador en su versión histórica; culpables hasta ahora NADIE, como no los hay en los hechos de la matanza del 2 de octubre, ni del 10 de junio del 71 y así; hasta el momento, se han creado comisiones de la verdad, fiscalías especiales para investigar y nada, ahora el Presidente López Obrador, crea una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, ¿qué haría a esta Comisión, distinta a otras que se han creado? Lo cierto es que si hay algo que ha empañado la verdad en nuestro país es la impunidad y la corrupción, todos los que delinquen, pertenezcan a la delincuencia organizada o sean de cuello blanco saben que si son capturados siempre tendrán la posibilidad de evadir la justicia, ya sea por su poder económico o político o porque la autoridad y los juzgadores pueden ser sobornados.
La recién creada Comisión tiene la virtud de ser creada por un gobierno, que enarbola como bandera, la lucha contra la corrupción, sin embargo me desconcierta que nuestro Presidente nos diga y repita cada que tiene oportunidad, que lo suyo no es la venganza, pero todos los lamentables casos que hemos relacionado, tienen un común denominador: las víctimas son pobres y en este caso los deudos y familiares de estos ciudadanos no piden venganza, lo único que exigen es JUSTICIA, elemental y básica en un país democrático, la búsqueda de venganza es un sentimiento que empaña la razón y vulnera el estado de derecho, en cambio la justicia nos refiere al acto de juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, es decir lo que necesita este país para dejar de vivir en la incertidumbre, es tener la certeza de que quien aplique la ley lo haga considerando los elementos de prueba y buscando y hurgando hasta en los lugares más recónditos la verdad. Y solo así los familiares de los miles de desaparecidos y asesinados tendrán la certeza que la autoridad ha hecho todo lo humana y técnicamente posible para dar certidumbre sobre el destino de sus desaparecidos, asesinados, y violentados familiares, pero sobre todo que ha ejercido todo el poder del Estado para impartir JUSTICIA.
Sin duda creo que hay una gran diferencia entre ambos conceptos, y si nuestro Presidente lo entiende así, podremos esperar actos de elemental y necesaria justicia, para crecer como sociedad, para madurar en nuestro comportamiento cívico y sobre todo para cambiar desde el lugar donde estamos parados la cultura de la corrupción e impunidad, porque nada corroe más los cimientos de las instituciones y la sociedad, que estos males que venimos arrastrando desde hace décadas.
Recordar lo sucedido, sobre todo cuando estos lamentables y en algunos casos horrorosos casos, nos hacen avergonzarnos de nuestros gobiernos e instituciones, es necesario para no olvidar porque ni perdonar ni olvidar, nos da la fuerza para perseguir la verdad y la justicia.
