Minería de sangre: “resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad”.

Por Telésforo Nava Vázquez.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 23% de los trabajadores del sector minero se ubica en la parte informal, cuenta con las peores condiciones laborales, empezando por un salario equivalente al 50 por ciento del recibido por los mineros formales; para los sindicatos del ramo dichos trabajadores no existen porque no son negocio (incluso para Napito, estrella sindical de Morena con gran experiencia en el jineteo de los trabajadores, su papi el charrazo del sindicalismo minero, íntimo de Fidel Velázquez, le heredó el sindicato que construyó sometiendo y exprimiendo gansterilmente a sus afiliados), de tal forma que se encuentran en total desamparo; casi imposible que sepan quién es su patrón real, a nombre de quién está la concesión, luego quién la detenta realmente, quién está registrado en el IMSS o en la STPS, quién les paga, quién, quién, quién. El enorme laberinto que esconden los datos reales hasta desdibujarlos, desaparecerlos para el simple mortal.

La mayoría de esos trabajadores más que informales son marginales, para ellos no existen los beneficios del Artículo 123 constitucional, no gozan de ninguna prestación, menos de servicios médicos del IMSS, es probable que por sus mentes jamás haya pasado que deberían tener derecho a los beneficios del INFONAVIT, menos del reparto de utilidades o de jubilación. Educación para sus hijos es un sueño guajiro, porque desde que son niños tienen que meterse a los pozos, son la última y peor escala de la minería, porque tienen que arañarle las entrañas a la tierra por el pan de cada día. En fin, los trabajadores mineros, y principalmente los de la minería del carbón, siguen en las condiciones de sus bisabuelos y tatarabuelos del Siglo XIX, naciendo y muriendo en la peor de las miserias o quedando sepultados en los pozos debido a lo constantes accidentes provocados por las míseras condiciones de seguridad con las que sus patrones los meten a las minas a trabajar sin el equipo adecuado, sin el apuntalamiento de los túneles y tiros, todo gracias al contubernio de empresarios, políticos de todos los niveles, y toda la caterva de funcionarios del Estado cuya obligación, supuestamente, es trabajar para proteger y hacer efectivos los derechos de todos los mexicanos, como son las autoridades laborales.

El enésimo desastre ocurrió recientemente en la mina de carbón El Pinabete, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, con un saldo aún no definido de muertos, 10 de ellos quedaron sepultados dentro de la mina, quienes para estas fechas ya deben estar muertos si es que no murieron en el primer aluvión. Es uno más de la larga e interminable cadena no de accidentes, sino de verdaderos crímenes a los que se somete a ese tipo de trabajadores, cuyas necesidades los hace aceptar peligrosas condiciones de trabajo que muy posiblemente los conduzcan a la muerte, por eso en los túneles de la mina a su paso van construyendo posibles refugios a los cuales acudir cuando de repente se les vengan encima toneladas de tierra, fuertes corrientes de agua que los arrastran hacia la muerte, o bien explosiones del gas metano que se acumula y no cuentan con los instrumentos para detectarlo. Son conscientes de esa posibilidad muy real, la aceptan porque no tienen otra alternativa de trabajo. Lo saben muy bien sus familiares, madres, esposas, hijos… quienes como suelen decir, siempre están con el Jesús en la boca.

En El Pinabete así como no se contaba con las mínimas condiciones de seguridad para los trabajadores, tampoco tenía manifestación de impacto ambiental, que de haberlo quizá no se hubiera autorizado su instalación al lado del río Sabinas que fue del que procedió el aluvión de aguas que barrió con todo; igualmente no hay información de que algún inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya pasado por allá a cumplir con su deber de supervisar las condiciones de seguridad en la mina. La mal llamada Austeridad Republicada ha recortado el presupuesto destinado para cumplir con esa obligación, en 2018 a esa área se le destinaron 26.4 millones de pesos, para 2022 no sólo no se le incrementó, sino que se lo redujo a 21.5 millones de peos. Eso se ha traducido a que en el nivel federal el número de inspectores ha pasado de 809 a 527, 35% menos. Si de por sí ya era una simulación que hubiera ese mísero número de inspectores, cuya área real de trabajo rebasa con mucho inspeccionar solo las minas, porque incluye múltiple tipo de industrias; pero la situación ha empeorado bajo el lema “primero los pobres”. En el último año del sexenio anterior laboraban 42 visitadores en la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila, actualmente son 25, quienes además de las minas también visitan otro tipo de industrias.

A la titular de la STPS le tiene sin cuidado la tragedia de El Pinabete, ella es la responsable de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, pero como si no existiera, no ha expresado nada sobre el asunto, mucho menos se molestó en visitar a los familiares de las víctimas que se pasaban las 24 horas del día al pie de la entrada de la mina esperando noticias. De lo que si se ocupó la funcionaria fue de celebrar su onomástico en las redes sociales, con toda la frivolidad posible. A cada paso se evidencia que al gobierno federal lo que realmente le importan son sus programas sociales que le aseguren a Morena-AMLO mantener su clientela electoral, y desde luego los megalómanos proyectos con los cuales el presidente pretende pasar a la historia.

De esa tragedia no solo son culpables los patrones mineros, sino también los diferentes niveles de gobierno, que no cumplen con su función de dar la protección que ampara la Constitución a los trabajadores mineros, y desde luego los políticos quienes en general trafican con las necesidades de la población y venden su influencia y protección a los patrones. No por nada cuando los periodistas en una conferencia mañanera preguntaron al presidente si se investigaría y castigaría a los culpables del desastre, de inmediato respondió “… las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después… pero no hablemos de eso ahora vamos a buscar, salvar a los mineros, rescatarlos”. Eso decía hace menos de un mes. Esa misma evasiva dio el presidente a los familiares el domingo 7 de agosto cuando los visitó en el campamento que tenían al lado de la entrada de la mina, a donde esperaban noticias sobre el rescate que supuestamente se estaba organizando. Tiempo y olvido.

Quién no recuerda a los 63 mineros que en 2006 quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos, propiedad del siniestro empresario Germán Larrea, conocido también como El Rey del Cobre, quien se negó a hacer lo necesario para al menos rescatar sus cuerpos. Vicente Fox que estaba concluyendo su gobierno y fue quien le otorgó la concesión de esa mina por 50 años, piadosamente ni se preocupó por los mineros que estaban bajo tierra. Lo propio hicieron Felipe Calderón y Enrique peña Nieto, mostrando que el magnate es intocable. Pero AMLO en su campaña electoral y al inicio de su gobierno prometió a los familiares de los difuntos mineros que él se encargaría de regresar los cadáveres a sus familiares.

Al poco tiempo de iniciar su gobierno AMLO hizo la finta de que se empezaban los trabajos para cumplir esa promesa, hasta aseguró que tramitaba el apoyo en varios países para dicha tarea. Tiempo después tuvo unas entrevistas con Germán Larrea, a los dos se les vio felices después de las mismas, tal parece que ahí, de facto, se refrendó el olvido del rescate de los cuerpos de los mineros, a la par que El Rey del Cobre se tornó invitado frecuente a las tamalizas en Palacio Nacional. Ante el reclamo de los familiares que nuevamente se sentían burlados, ahora por el presidente que les prometió que con él todo sería diferente, AMLO les respondió con la evasiva de que levantaría un monumento a los sepultados en la mina, del rescate ya no dijo nada. Se demostró que en efecto Larrea sigue siendo El Rey.

Bien anota la Red Mexicana de Afectados (REMA), “… una muestra de la impunidad imperante es que, no obstante que desde la tragedia de Pasta de Conchos, hasta la fecha han sucedido decenas y decenas de accidentes y muertes en las minas de México, no hay un solo responsable tras las rejas… se toleran las pésimas condiciones de trabajo, los accidentes de trabajo, las muertes se ignoran y las empresas criminales son encubiertas y protegidas por las autoridades gubernamentales de los tres niveles.”

Pero como siempre, los gobernantes, de ayer y de hoy, saben que la mayor ayuda es el tiempo y con él el olvido; para empezar y calmar los ánimos del primer momento, el primer artilugio es prometer, después dejar que el tiempo haga su trabajo. Es lo que hizo AMLO con las tragedias de Pasta de Conchos y El Pinabete. Como es su costumbre al presidente no le faltó labia para entretener a los familiares compungidos, en el último caso daba órdenes a diestra y siniestra para el rescate, incluso envió a Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, para que permaneciera en El Pinabete supervisando las labores de rescate e informara a los familiares. Pero su verdadera tarea ha sido de zapa, de dividir al grupo de familiares, convencer por separado a cada familiar para que acepte una indemnización, prometiendo que las labores de rescate se mantendrán, preparando el camino para desentenderse del rescate, como hace pocos días lo hizo público el presidente.

Los mineros que lograron salvarse y otros de sus compañeros de la zona habían estado informando que no se hacía el trabajo debido para el rescate, que todo indicaba que estaban dejando pasar el tiempo para abandonar la tarea. Incluso pedían se les permitiera entrar a la mina para intentar el rescate de sus compañeros, pero siempre las autoridades se los impidieron. Del supuesto apoyo internacional que se solicitaría se hizo la simulación de pedir dos inocuas opiniones. Recientemente el presidente ha anunciado que se indemnizará a los familiares y el rescate de los cadáveres se deja para las calendas griegas. Laura Velázquez cumplió muy bien su ignominiosa función, terminó excluyendo de las reuniones a quienes no fueran conyugues de los mineros sepultados, o en su defecto madre. Como tantas otras promesas presidenciales esa tampoco se cumplió.

Es pertinente recordar que el recién pasado mes de agosto se cumplieron ocho años del desastre ambiental provocado por Germán Larrea con su mina Buenavista del Cobre, quien para evitarse trabajos costosos derramó cuarenta millones de litros de residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi, lo cual dejó sin agua utilizable a las poblaciones de 24 comunidades de la región quienes toda la vida la han usado para el consumo familiar y para regar sus cultivos. Se calculó en 10,200 millones de pesos los daños causados por ese crimen ecológico. Se dictaron mínimas medidas de reparación del daño que El Rey del Cobre había causado, las que obviamente poco cumplió. Todos los niveles de gobierno lo protegen. La población ahora sufre de diferentes enfermedades como cáncer; los estudios que se han realizado han arrojado que su sangre está contaminada con plomo, cobre, arsénico y mercurio, y no cuentan con el apoyo debido para los tratamientos médicos. La ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich (Priista, hoy Cónsul del gobierno de AMLO en Barcelona, previa rendición de la plaza para que pudiera asumir el gobierno el candidato de Morena) se encargó de solapar al empresario minero.

En 2009 una empresa minera de Larrea en Texas, Estados Unidos, también derramó tóxicos, pero a diferencia del contubernio de los gobernantes mexicanos, el gobierno de aquel lado de inmediato la cerró y le aplicó una multa de mil 200 millones de dólares.

Buena parte de la minería del carbón trabaja en la ilegalidad, no cumple con los requisitos estipulados en las leyes, tanto con los trabajadores, como con el pago de sus impuestos, pero su fuerte es que cuentan con el apoyo total de los políticos y funcionarios públicos. Casi toda la minería de Sabinas está en manos de políticos, sus familiares y testaferros, y esa es la tónica en todo Coahuila. Desde luego los grandes mineros, los machuchones dice el clásico, arreglan sus negocios con el gobernador o el presidente en turno, como lo ha demostrado Germán Larrea.

Muy informal la minería de carbón, pero el carbón que saca lo venden a la Comisión Federal de Electricidad, cuyos funcionaros, de ayer y de hoy, no tienen ningún prurito ante su ilegalidad, mucho menos ético. Por ejemplo, a El Pinabete de 2020 a la fecha se le han adjudicado de manera directa, o sea sin licitación, dos contratos, uno por 33 millones 610,873 de pesos y otro por 41 millones 298,552. Bartlett contento solo ha de entonar chu-chu-chu, ábranla que ay va otro negocio.