Ruido de sables y botas

Por Telésforo Nava Vázquez.

La experiencia que en México han vivido las luchas y sus actores sociales está cubierta con la violencia del Estado, en la que de manera destacada ha empleado a las fuerzas armadas para reprimir, torturar y asesinar con toda impunidad. En ese tenor es pertinente recordar que Gustavo Díaz Ordaz, en su cuarto informe de gobierno, prometió “disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea” para reprimir al movimiento estudiantil que estaba en marcha, y vaya que lo cumplió. Lo recordamos por la masacre del 68 en cuya tarea el ejército tuvo como mando operativo al general Toledo, quien parece que sus estrellas le fueron otorgadas por la represión e invasión militar a instituciones de educación superior. Ese general fue el que ordenó lanzar el bazucazo a la puerta centenaria de la Prepa 1, detrás de la cual estaban parapetados estudiantes que hasta ahí fueron perseguidos por los militares.
De forma constante el ejército ha sido empleado contra las luchas obreras, campesinas, estudiantiles y populares, como fueron los casos de los ferrocarrileros, o el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo esposa e hijos, o bien su participación en la masacre de los guerrilleros, así asesinaron a Lucio Cabañas y se presume que lo mismo hicieron con Genaro Vázquez; contra la guerrilla urbana la orden no era detener a sus integrantes sino asesinarlos, tomado a sangre y fuego sus casas de seguridad dejaban más muertos que vivos. En acciones de supuesto combate al crimen organizado, con el que hay demasiadas evidencias de relaciones corruptas, asesinan a inocentes que se les atraviesan en el camino. Son también conocidas las violaciones a indígenas por parte de militares. En fin, se podrían llenar muchas páginas con esas acciones heroicas de las fuerzas armadas. Y siempre los gobiernos en turno, sean del PRI, del PAN y ahora de Morena, los encubren y evitan que se les juzgue como debería hacerse.
Resulta oprobioso que el actual gobierno, que dice ser de izquierda, repita lo mismo que siempre afirmaba el PRI, que el ejército es el pueblo uniformado, encargado de cuidar al pueblo. Pero ni siquiera el PRI tuvo la osadía de dar el poder que el gobierno morenista le está dando a los militares, y peor aún que esté embarcado en un proceso de militarización del país. En México y en otros países siempre los gobernantes han tenido conciencia del peligro que per se entrañan las fuerzas armadas. Aunque las utilicen para aplastar las luchas sociales las mantienen acotadas, y con mayor razón del poder político. Ningún gobierno mexicano, desde el arribo de los civiles al poder en 1946, se ha planteado, de jure o de facto, la posibilidad del arribo de un militar a la presidencia del país, como recientemente sin ningún rubor lo declaró el secretario de gobernación, funcionario muy cercano al presidente.
En la campaña presidencial de 2018 el candidato AMLO aseguró que, “La paz […] es un fruto de la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ha sido absurdo lo que han hecho de querer apagar el fuego con el fuego…” Pero ya habitando Palacio Nacional dio el gran viraje que lo está llevando a la militarización del país, la cual potenciará la violencia que ya se vive. Para hacerlo contó con todo el apoyo de Morena y sus partidos paleros, entre los que se está alineando el PRI; la justificación que el presidente ha dado para este giro, que lo inicia después de una reunión con los mandos militares, es la corrupción y debilidad de las fuerzas policiacas, a las que por cierto les ha disminuido el presupuesto para trasladarlo a las fuerzas armadas. En lugar de hacer las correcciones necesarias para mejorar y fortalecer a las policías, las que ciertamente tienen demasiados defectos, se decide desplazarlas por las tropas. Hay que reconocer que ese modo de actuar es una estrategia política presidencial en todos los niveles, tirar al niño con todo y el agua sucia. Lo hizo con el CIDE, con el apoyo a la investigación científica y a la educación superior, con los fideicomisos, etc.
En esa dinámica, cuando en octubre de 2020 el ex titular de la SEDENA general Salvador Cienfuegos fue detenido en los Estados Unidos, acusado de contubernio con el crimen organizado, la primera declaración del presidente aseguró que la misma era “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país, durante el periodo neoliberal”. Pero poco tiempo después, acotado por la evidente presión del alto mando militar, el gobierno de AMLO se movilizó para lograr que el gobierno de los Estados Unidos desistiera de los cargos que se le hacían y lo regresara a México para ser juzgado, lo cual logró; ya en suelo mexicano en un juicio exprés el general fue exonerado. En el nuevo escenario el presidente cambió de posición, declaró que las acusaciones contra Cienfuegos no tenían ningún sustento, lo cual evidencia que la fuerza del mando militar quebró la posición original del presidente y lo llevó a capitular ante el mismo.
En marzo de 2019 la Constitución fue reformada para crear la Guardia Nacional (GN), pero bajo el principio de que, “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.” Pero en la dinámica de la nueva relación con las fuerzas armadas, en septiembre del año en curso, desde el Poder Ejecutivo se decidió entregar el control de la Guardia Nacional al mando militar, para lo cual a toda velocidad se reformó la Constitución Política. Como Morena y sus aliados no contaban con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión decidieron conseguirla con métodos gansteriles, de esa forma doblaron al corrupto dirigente del PRI para que les otorgara los votos necesarios (con lo cual también dividieron al bloque opositor). Acorde con la máxima presidencial de que “a mí no me vengan conque la ley es la ley”, a conveniencia del interés presidencial el texto constitucional y demás leyes fueron flexibilizadas, de esa forma se facilitó que la GN pase a manos de la SEDENA, finalmente la seguridad pública ahora es una más de sus tareas. Para que los priistas pudieran justificar su capitulación al entregar sus votos a Morena se les aseguró que los mandos de las fuerzas militares podrán ser citados a comparecer ante los legisladores para ser interrogado.
Las funciones de seguridad pública que han correspondido constitucionalmente a la autoridad civil, con el nuevo giro se entregaron al ejército vía la GN, cuya tendencia será a su militarización, asimismo las fuerzas policiacas que pervivan estarán subordinadas a los militares quienes nombrarán sus mandos. Sin embargo no obstante la existencia de la guardia nacional que desde su nacimiento de facto ha estado controlada por el ejército, la violencia cotidiana, con su cauda de muertos, cada día se incrementa más.
Ese paso fue una primera culminación de una serie de hechos impulsados desde Palacio Nacional para empoderar aún más a las fuerzas armadas, como ha sido poner en sus manos negocios con el manejo de sumas multimillonarias: construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, construcción de dos tramos del Tren Maya, construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, construcción de cuarteles de la GN, remodelación de 32 hospitales; administración de puertos, aeropuertos y aduanas; en gobiernos estatales y municipales se está entregando el mando de la fuerza pública a militares; se le otorgan otras tareas como custodiar pipas de Pemex, apoyar los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y distribución de fertilizantes, etc.
No cabe la menor duda que los militares están acumulando un enorme poder y el manejo de un mayor presupuesto. Subido en ese pedestal, cuando desde la Cámara de Diputados citan a comparecer al titular de la SEDENA, general Luis Crescencio Sandoval, este se niega e invita a los parlamentarios a reunirse con él en sus oficinas, a pesar de ese ninguneo al Poder Legislativo los diputados mansamente aceptan, pero antes de la fecha indicada el general secretario les cancela la cita. Doble bofetada para que comprendan quien manda. El general podrá decir, parafraseando al presidente, “no me vengan conque la ley es la ley.
Legalmente de acuerdo al artículo 93 constitucional: “Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”. Pero el general secretario optó por mostrar a los diputados “de qué lado masca la iguana”, para que no haya lugar a dudas.
Lo que a todas luces se está viviendo en el país es la militarización de la vida nacional, lo cual es terrible y a todos debe preocuparnos, y no se hace a través de un golpe militar como ha sido común en buena parte de América Latina sino de la abdicación de una parte del poder presidencial y del Poder Legislativo, para cedérselo a las fuerzas armadas. En ese tenor no resultan descabelladas las opiniones de que el presidente López Obrador de facto cogobierna con las fuerzas armadas. Quienes tiempo atrás afirmaban que en el país se tramaba un golpe blando, debían explicar si se referían a lo que ya está sucediendo.
Además, hay que agregar que entre lo descubierto a través del hackeo que el grupo autodenominado Guacamayas realizó a los archivos de la SEDENA, destaca que los militares hacen labores de espionaje en contra de la sociedad mexicana, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de movimientos feministas, e incluso espían al presidente y a su familia, a políticos y a gobernadores, acciones que violan la Constitución y otras leyes mexicanas.
Dicho hackeo deja una interrogante, cómo los militares van a garantizar la seguridad de los ciudadanos si ni siquiera lo pueden hacer con sus archivos.